"La página once del sector pesquero", envío de Rafael Inocente

Lo auténtico no muere nunca ni dentro ni fuera y menos en los días de silencio.


JCM


A ritmo vertiginoso, el Gobierno nacionalista ha cambiado hasta cinco viceministros de Pesquería en menos de un año, en una alocada carrera por tapar el Sol con un dedo. Parecería que mantener la cerrada defensa del modelo económico neoliberal heredado de la dictadura fujimorista es la consigna. Considerando que por lo general cada viceministro adolece de notable ignorancia en temas pesqueros y asume el cargo con una corte acompañante de funcionarios y portacirios, esta precariedad laboral de doctos improvisados resulta grave para un sector que desde hace años culebrea a la vera del abismo.

Esta elevadísima rotación de altos funcionarios del sector pesquero solo es demostrativa de que algo se pudre en él, tal como se informó en lo que ha venido a llamarse “la página once del sector pesquero”.

Considero que tengo una responsabilidad y no rehúyo el compromiso de mis opiniones. Las acepto con orgullo, pues jamás han estado sujetas a contralor, policía ni tribunal alguno y son ajenas a todo tipo de complots criollos o conspiraciones. Ésta será la historia de una estafa. La historia de un informe de la comisión de transferencia gubernamental que no vio la luz del día, pese a que el propio marco legal de la Constitución atribuye carácter público a los informes de comisiones de transferencia gubernamentales.

El principio

En julio del 2011, pocos días después del triunfo electoral de Ollanta Humala, recibí una llamada telefónica. Se trataba de Luis Loja, asesor de la recién electa vicepresidenta y coordinadora de las Comisiones de Transferencia, Marisol Espinoza. Loja me manifestó que debería comunicarme de manera inmediata con la congresista Nena Escalante, pues había sido elegido para integrar la Comisión de Transferencia del Subsector Pesquero, presidida por el actual ministro de Transportes, Carlos Paredes. Al día siguiente de aquella llamada telefónica me integré al grupo de trabajo técnico de la Comisión desplegando una intensa labor de más de 15 horas diarias en la que fuimos desmadejando el hilo de la lamentable situación en que dejaba el segundo gobierno aprista al sector. Durante este tiempo vimos desfilar caras muy duras de funcionarios harto conocidos del Viceministerio de Pesquería y de sus organismos descentralizados, el Instituto del Mar del Perú, el Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP). Una cáfila de funcionarios salientes, algunos temblorosos, otros insufriblemente zalameros, marcharon entregando la documentación sustentatoria de rendición de cuentas; esto es, los documentos de archivo generados en el transcurso de actividades, adjudicados de acuerdo con los lineamientos que señala la Contraloría General de la República.

Fruto de esta intensa labor de casi dos meses, la Comisión de Transferencia entregó un Informe en el cual se consignaba el diagnóstico del sector y una serie de sugerencias y recomendaciones de carácter urgente que debería implementar el nuevo Gobierno a través de objetivos estratégicos delineados claramente, con la finalidad de reflotar un sector que se ha distinguido por su escasísima contribución al desarrollo de la Nación, por su carácter depredatorio de los recursos y contaminador del medio marino, amén de haber servido como fuente de riqueza para el empresariado industrial harinero en contra de los intereses del país.

La importancia de una comisión de transferencia

Pero ¿por qué es tan importante el trabajo de una comisión de transferencia? En la última campaña presidencial, el tema de la transferencia fue particularmente álgido. Tras casi 20 años de neoliberalismo apareado con podredumbre, las instituciones públicas se transferirían a un nuevo gobierno que llegó al poder portando las banderas del cambio y la democratización —inclusión, para dar en la yema del gusto al nacionalismo humalista—, pero particularmente el rollo de la lucha contra la mentira y la corrupción.

Los sectores populares veían con mucha esperanza el trabajo de las comisiones, y en el litoral peruano las asociaciones y gremios de pescadores hacían público su apoyo a Ollanta Humala, pues había prometido acabar con la corrupción en la pesca. En la pesquería, este flagelo es antológico. Si el pueblo vive diariamente una guerra civil contra la delincuencia común, resulta mil veces peor la alta corrupción empresarial evidenciada en “(…) la pesca negra, la explotación y abuso contra los pescadores y trabajadores del mar (…)”, a la cual “se agrega el ocultamiento de sus verdaderos resultados económicos, subvaluando los precios reales de ventas de harina de pescado, apropiándose de las diferencias para ser depositadas en bancos extranjeros, mediante cuentas cifradas”, según denuncia del ex ministro de Pesquería Juan Rebaza Carpio publicada en el diario La Primera el 23 de junio más reciente. Entonces, la corrupción en el sector pesquero es un mal endémico, y Humala prometió, en sus discursos como candidato, combatirla.

El hoy Presidente llegó al poder con el apoyo de cientos de miles de pescadores artesanales, que son quienes, en última instancia, resultan más afectados por los desmanes del empresariado industrial pesquero. Al momento de la asunción de las nuevas autoridades era imprescindible contar con toda la documentación pertinente de la gestión aprista, no solo para darle continuidad a la labor de las distintas entidades del Estado, corrigiendo donde fuese necesario, sino también para dejar constancia de lo que se hizo y no se hizo (o se hizo mal). Además de todo esto, la información derivada de la Comisión de Transferencia resultaba vital porque permitiría llevar a cabo una evaluación y fiscalización adecuadas de lo actuado por la administración aprista.

Si lo que pretendía el Gobierno de Ollanta Humala era garantizar una gestión pública transparente, se debió contar con todo el acervo documentario en las condiciones establecidas por Ley, labor de por sí compleja; pero, además, los resultados de la evaluación realizada por la Comisión de Transferencia debieron ser de conocimiento público —como lo fueron los Informes de la Comisión de Transferencia de los sectores minero, agrario, de salud, transportes, etcétera—, pues el pueblo peruano tiene el derecho de conocer qué es lo que ha hecho del mar y sus recursos la oligarquía pesquera y un puñado de tecno-burócratas que rotan en sus cargos desde hace por lo menos 20 años ante la complacencia de los órganos de control institucional de los respectivos organismos públicos.

Un Informe ocultado a la opinión pública

¿Por qué no se hizo público el Informe de la Comisión de Transferencia del Sector Pesquero? ¿Qué verdades se develaban en él para decidir ocultarlo? ¿Quién fue el responsable de no revelar esta información al pueblo peruano? ¿Por qué se retiró del cargo al ex ministro de la Producción Kurt Burneo y a su equipo de asesores justo cuando iba a iniciarse la auditoría internacional a los datos científicos manejados por el Imarpe y pocos días después que denunciase las escandalosas cifras del faenón pesquero de empresas integrantes de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Por qué se lo reemplazó por alguien como José Urquizo? ¿Por qué la guerra a muerte contra la bióloga ambientalista Patricia Majluf, que terminó con su renuncia? ¿Por qué el actual viceministro de Pesquería, el liberal Phumpiu Chang, ‘renuncia’ abruptamente del cargo de director ejecutivo del Imarpe al distinguido economista Carlos Palomares, cuya gestión no cedió a las presiones para otorgar mayor cuota de pesca de merluza y anchoveta? ¿No será que la coyuntura política que esgrimió el liberal para ‘renunciar’ a Palomares se reduce a meras cifras económicas?

Se sabe que los empresarios industriales dejaron de percibir, por la pesca de 26.000 toneladas de merluza “faltante”, US$19’203.080, y que las 200.000 toneladas de anchoveta destinadas a los pescadores artesanales por recomendación de Imarpe en contra de la voracidad de los industriales hubiese significado por lo menos US$64’450.000 si se reducía a harina de pescado. Obviamente, Carlos Palomares estaba chocando con los intereses multimillonarios de la oligarquía pesquera, y sabemos que no estaba dispuesto a conceder a la SNP el incremento arbitrario de cuotas de pesca. A cifras económicas se reduce a veces el valor y la dignidad de profesionales honestos y con los cojones bien puestos.

Dejo la respuesta a todas las interrogantes planteadas a la conciencia del Presidente de la República. Dejo constancia de que no siempre es posible discurrir fluidamente de la corrupción más espantosa a la real democratización del mar y sus recursos para que sirvan al pueblo al cual pertenecen. No se puede hacer tortillas sin romper huevos, señor Presidente. Y en el sector pesquero es de necesidad urgente cocinar una tortilla gigante.

¿Por qué no se hizo público el Informe de la Comisión de Transferencia del Sector Pesquero? ¿Por qué se retiró del cargo al ex ministro de la Producción Kurt Burneo justo cuando iba a iniciarse la auditoría internacional a los datos científicos manejados por el Imarpe y pocos días después que denunciase las escandalosas cifras del faenón pesquero?

Qué decía el Informe

Veamos algunas de las principales recomendaciones de la Comisión de Transferencia del sector pesquero:

1. Formular y promover la dación de una nueva Ley General de Pesquería.

2. Promulgar un nuevo régimen de sanciones por infracciones a la normatividad sectorial y medioambiental.

3. Perfeccionar el sistema legal para que permita sanciones drásticas a los infractores de la ley que incurren en pesca ilegal. Tipificación y penalización del delito ecológico, de forma que las infracciones sean delitos penalmente sancionables, activando la Superintendencia de Vigilancia y Control de la Pesca, con autonomía técnica y administrativa.

4. Reestructurar de manera inmediata e integral del Instituto del Mar del Perú, para reivindicar su condición de instituto científico. Éste sería un paso previo para integrar al Instituto a una gran entidad técnico-científica de carácter absolutamente independiente del Vice Ministerio de Pesquería. Modificación del DL 095, Ley del Imarpe.

5. Reestructurar de manera inmediata e integral el ITP y el Fondepes, con el fin de que cumplan con sus metas y objetivos y de fortalecer científicamente la Autoridad Sanitaria.

6. Diseñar e implementar la Política Nacional de Desarrollo Pesquero y el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero como instrumentos que orienten un accionar sectorial coordinado y eficiente.

7. Promover la eficiencia en el sector para asegurar utilidades razonables que generen impuesto a la renta y derechos de pesca acordes con la magnitud del negocio, implementando un sistema de auditorías.

8. Reestructurar la tributación del sector pesquero, con énfasis en los derechos de pesca.

9. Formular y promover la dación de una ley sobre el régimen laboral y pensionario del pescador industrial y artesanal, así como del trabajador acuícola.

10. Implementar un Programa de Empleo Temporal en el sector en periodos de ausencia de producción conservera (ligado al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria), para las mujeres que trabajan en las industrias pesqueras del litoral.

11. Incorporar a los pescadores artesanales a los sistemas previsión y seguridad social.

12. Estructurar e implementar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, “A Comer Pescao”, a base de productos hidrobiológicos, sustentado en un enfoque transversal y no por segmentación de estratos sociales.

13. Apoyar las actividades de extracción de jurel, caballa, pota, anchoveta y atún destinados al consumo humano directo, orientados a la alimentación popular, con el fin de reducir los índices de desnutrición crónica, mejorar las condiciones sanitarias de manipulación de la pesca y la migración a embarcaciones multipropósito.

14. Formular un plan estratégico para el mantenimiento de una cadena de frío tanto para el comercio interno como externo, integrando a todos los niveles de la industria pesquera y acuícola.

15. Promover la modernización y uso eficiente de la infraestructura y equipamiento relacionados con las pesquerías artesanales.

16. Crear el Instituto Nacional de Acuicultura con el fin de promover la investigación acuícola y promocionar el desarrollo de la acuicultura marítima y continental, como una de las garantías de la soberanía alimentaria.

17. Instituir una política de Estado para la pesca de recursos altamente migratorios fuera de las 200 millas, actualmente en manos de flota de bandera extranjera, retomando el Acuerdo Galápagos o adhiriéndonos a la propuesta de creación de la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur, e implementando una flota pesquera de altura.

18. Reducir el esfuerzo pesquero sobre la anchoveta mediante el establecimiento de una cuota anual recomendada por el Imarpe con arreglo a informes científicos objetivos, para garantizar la renovación de las poblaciones y la sostenibilidad del ecosistema.

19. Re-enfoque de los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero hacia una estructura de ordenamiento basada en la explotación sostenible, sustentable, ecosistémica y acorde con el cambio climático.

20. Aplicar de manera estricta las disposiciones para evitar la contaminación, exigiendo a las plantas pesqueras la implementación de plantas en tierra que reciban y traten residuos oleosos y basuras provenientes de las embarcaciones.

Colofón

¿Ha empezado siquiera a ponerse en marcha alguna de estas recomendaciones? Después de casi un año de gobierno humalista, fuera de un abortado plan nacional de seguridad alimentaria y una reestructuración burocrática del sector para hacerlo más funcional al esquema neoliberal que maneja el Ministerio de Economía, ninguno de los objetivos estratégicos aquí pergeñados ha sido tomado en cuenta.

Muy por el contrario, se ha nombrado como Director Ejecutivo del Imarpe a un brillante fujimorista y adicto de los empresarios industriales pesqueros, y en Fondepes y el IT languidecen dos sujetos de pocas ideas y notable incapacidad.

Basta ver la ejecución presupuestal del sector pesquero de los años 2001 al 2011 para coincidir en que hay pescado podrido en las bodegas. El nivel de ejecución presupuestal evidencia una profunda ineficiencia. Si asumimos que la ejecución del presupuesto fiscal es un indicador meridiano del nivel de capacidad y eficiencia en el desarrollo de los Planes Operativos Institucionales, queda claro, por el análisis de las cifras (véase revista Pesca, julio del 2012) que algo no marcha bien en el sector; o, peor todavía, en el sistema.

Quienes apoyamos inicialmente el proceso de transferencia desde nuestra experiencia y conocimiento, hoy somos poco menos que apestados. Acercarse a cualquiera que haya trabajado con Kurt Burneo en los pocos meses que duró su gestión significa darle un beso al leproso. Si la dignidad de una vida se mide por ser siempre uno mismo y no claudicar jamás, aun cuando esto signifique luchar contra la lógica de los sometidos y los cánones académicos, entonces, como propone el poeta César Calvo, llegó el momento de exigir que los yanaconas psíquicos, que son quienes persisten en seguir siendo esclavizados y despreciados, logren una estima personal y cultural que los libere de su sometimiento. Y me refiero específicamente a los cientos de profesionales que laboran en condiciones infrahumanas en el Imarpe, el Fondepes y el Instituto Tecnológico Pesquero.

El futuro de esa gran región natural desconocida para la mayoría de peruanos —el mar— y sus recursos depende ahora de la palabra y el coraje de científicos honestos iluminados por una creencia superior, por una esperanza. Porque la gran transformación del podrido sector pesquero fue otra estafa más del Gobierno de Ollanta Humala.