x Susana Villarán
Recuerdo haber entrevistado en la radio a Fermín Azparrent, alcalde de Huamanga, luego de la histórica Marcha por la Paz contra Sendero Luminoso. En esa movilización, por primera vez en la historia de terror que sembró Abimael Guzmán y su sanguinario grupo, 15,000 personas salieron a las calles a repudiarlos. Lo hicieron venciendo el miedo y a pesar de sus cargas de dinamita y de las amenazas a de muerte a los dirigentes de Izquierda Unida que la convocaron. Poco días después lo asesinarían a la entrada de su casa.
Hoy su hija Carmen está detenida, acusada de estar vinculada con el terrorismo y en un Pabellón del Establecimiento Penitenciario Chorrillos de máxima seguridad, junto a las sentenciadas de Sendero, organización que la privó brutalmente de su padre a edad temprana.
Junto a ella están Melissa Patiño, Socorro Gabriel Segura y Guadalupe Hilario Rivas por asistir a una reunión de jóvenes, organizada por una organización internacional vinculada al chavismo.
Un Ministerio Público pusilánime y agachado no es digno de haber tenido en su seno a mujeres como Ana Cecilia Magallanes. La fiscalía no puede seguir las órdenes políticas de un gobierno macartista. No hay razón alguna para una acusación fiscal. No tienen antecedentes, no deben estar detenidas mientras se les investiga. La investigación misma debe archivarse y YA!!!
Asistir a una reunión del movimiento bolivariano no es delito, nos guste o no este movimiento (a mi, particularmente, no me agrada). Emitir opinión no es delito. Es un derecho. Reunirse no es delito, es un derecho. El Ministerio Público no puede prestarse a una violación de derechos constitucionales, de derechos humanos que nuestro Estado se ha obligado internacionalmente a respetar y a garantizar.
Por la inmediata libertad de los injustamente detenidos, sigamos luchando
Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima
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